La discapacidad atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos
años en la Argentina. Mientras el Gobierno nacional impulsa reformas que
trasladan responsabilidades a las provincias y profundiza medidas de ajuste
sobre prestaciones esenciales, miles de familias viven con angustia la
posibilidad concreta de perder derechos que costaron décadas de lucha.
El posible traspaso del transporte y la educación inclusiva a las jurisdicciones
provinciales, la intención de modificar el sistema de prestaciones y la
eliminación progresiva de herramientas de cobertura nacional exponen un
modelo que se aleja cada vez más de una mirada humanitaria y solidaria.
A esto se suma otra medida que golpeó duramente al colectivo de personas
con discapacidad: las restricciones y trabas impuestas al acceso a pasajes
gratuitos de larga distancia para titulares del Certificado Único de
Discapacidad (CUD), un derecho fundamental que durante años permitió a
miles de personas viajar para atenderse, estudiar, rehabilitarse o simplemente
sostener vínculos familiares.
Una resolución de la Secretaría de Transporte confirmó que el Gobierno
nacional dejará de subsidiar los pasajes de las personas con discapacidad y sus
familiares, un derecho que tienen ganado por ley.
Para muchas familias del interior, esos pasajes no eran un privilegio. Eran la
única posibilidad real de acceder a tratamientos médicos, estudios complejos o
centros especializados ubicados a cientos de kilómetros. Hoy, con menos
frecuencias, mayores obstáculos administrativos y un sistema cada vez más
limitado, viajar volvió a transformarse en un privilegio para pocos.
En paralelo, el proyecto de ley impulsado por el oficialismo bajo el argumento
de “reordenar el sistema” genera enorme preocupación en prestadores y
organizaciones del sector. La posibilidad de eliminar el nomenclador nacional
y dejar librados los valores de las prestaciones a negociaciones individuales
entre obras sociales, prepagas y familias podría convertir un derecho
garantizado en un servicio condicionado por el poder adquisitivo.
El mensaje que reciben las personas con discapacidad es devastador:
“arreglate como puedas”. Frente a este escenario, Formosa aparece
nuevamente como un fuerte contraste político y social.
Mientras desde Nación se profundiza el retiro del Estado, el Modelo
Formoseño continúa sosteniendo políticas públicas de inclusión,
acompañamiento y presencia territorial. En la provincia, la discapacidad no se
aborda desde la lógica del ajuste ni desde números de planilla, se trabaja desde
una mirada humana, comunitaria y de ampliación de derechos.
Formosa sigue sosteniendo un modelo de salud pública que garantiza
atención, contención y acceso a tratamientos médicos para todas las personas,
especialmente para aquellas familias que atraviesan situaciones de mayor
vulnerabilidad, entendiendo que la salud no puede ser un privilegio, sino un
derecho.
Los centros ocupacionales inclusivos, los talleres comunitarios, las propuestas
deportivas, culturales y tecnológicas adaptadas reflejan la decisión política
concreta de construir inclusión real y oportunidades para todos.
En Formosa, el Estado continúa presente allí donde más se necesita. Porque
detrás de cada transporte suspendido hay una terapia perdida; detrás de cada
prestación recortada hay una familia desesperada y detrás de cada ajuste
deshumanizado, un derecho vulnerado. Cuando se retrocede en derechos, son
las personas más vulnerables quienes vuelven a quedar excluidas.
La discusión ya no es solamente económica. Es profundamente política y
moral.
De un lado, un modelo nacional que reduce derechos, descentraliza
obligaciones y deja a las familias libradas al mercado. Del otro, un modelo
provincial que entiende que las personas con discapacidad no pueden quedar
solas frente al ajuste.
En tiempos donde la indiferencia parece transformarse en política de Estado,
Formosa sostiene otra bandera: la de la inclusión, la solidaridad y la dignidad
humana.