Desde la provincia de Formosa, en el marco del Modelo Formoseño,
reafirman que toda política pública en discapacidad debe garantizar
protección integral, inclusión real y presencia activa del Estado.
Desde la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del
Ministerio de la Comunidad, se emitió un comunicado “en defensa de los
derechos adquiridos” y en rechazo a las recientes medidas adoptadas por el
Gobierno nacional “que ponen en riesgo la estabilidad de miles de
beneficiarios de pensiones no contributivas”.
Informaron que la “la Ley de Emergencia en Discapacidad fue concebida
para brindar estabilidad y seguridad a las personas con discapacidad y sus
familias”.
Sin embargo, lamentaron que “la reciente resolución nacional sobre la
conversión de pensiones no contributivas por invalidez introduce
modificaciones que generan profunda preocupación”.
Puntualizaron que entre los puntos más sensibles se encuentran: “La
exigencia de nuevos procesos de evaluación y auditoría para beneficiarios
ya incorporados al sistema; la reconversión administrativa de las pensiones
bajo nuevos criterios que no han sido debidamente explicitados en cuanto a
su alcance práctico; la falta de claridad sobre los plazos de adecuación y los
mecanismos de notificación fehaciente a los titulares”.
También “la ausencia de garantías expresas respecto de la continuidad
automática del beneficio mientras se sustancian los procedimientos de
revisión y la centralización de decisiones que impactan en las provincias
sin una adecuada articulación operativa previa”.
De esta manera, marcaron que “estas indefiniciones generan incertidumbre
en miles de familias que dependen de la pensión para su subsistencia y para
sostener tratamientos, traslados y apoyos esenciales”.
Asimismo, informaron que en la última asamblea del Consejo Federal de
Discapacidad (COFEDIS), realizada el 3 de marzo, de la que forma parte
activa la Dirección de Personas con Discapacidad de la provincia, a cargo
de la licenciada Susana Jara, “las jurisdicciones solicitaron la suspensión de
esta resolución hasta tanto se garantice una implementación clara,
accesible, federal y respetuosa de los derechos adquiridos, pedido al que la
provincia de Formosa adhiere”.
“El Modelo Formoseño nos enseña que el Estado no puede retirarse frente
a la vulnerabilidad. Debe estar más presente que nunca, acompañando,
planificando y garantizando igualdad de oportunidades en cada localidad de
nuestro territorio”, expresaron.
Y subrayaron que “la discapacidad no puede administrarse desde la
incertidumbre burocrática”, afirmando que “se gobierna con sensibilidad
social, responsabilidad institucional y compromiso político con la dignidad
humana”.
