El gobierno federal mexicano decidió, por primera vez en muchos años, penetrar en los hasta hoy inexpugnables santuarios del famoso capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la zona conocida como “Triángulo Dorado”.
Sin embargo, ésta vez no lo ha hecho como en intentos pasados que invariablemente fracasaron, es decir, mediante el uso de la fuerza pública, sino mediante el “poder suave” de los programas sociales, que buscan reducir la dependencia de la gente pobre de la ayuda del crimen organizado. Como una especie de “Robin Hood” moderno, la organización que encabezaba El Chapo, el Cártel de Sinaloa, solía apoyar generosamente a los habitantes de esta agreste región, en las montañas que colindan entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, ante la ausencia casi total del Estado.
Sin embargo, la situación llegó a su fin con la caída en desgracia del escurridizo jefe de la más poderosa empresa criminal del país, que según algunas versiones mantenía tentáculos en más de 50 países, y que escapó dos veces de prisiones de alta seguridad supuestamente a prueba de fugas.
Guzmán fue arrestado por tercera y última vez (las dos anteriores ocurrieron en junio de 1993 y en febrero de 2014) en 2016 y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, para ser enjuiciado en un tribunal de Nueva York que lo condenó a 10 cadenas perpetuas en julio pasado.
Desde su tercer arresto, el “Triángulo Dorado”, una “tierra de nadie” donde abundan los laboratorios para fabricar drogas sintéticas, plantaciones de opio y un trasiego frenético de drogas de todo tipo, comenzó a sufrir los efectos de la ausencia de su antiguo protector.
Miles de personas han huido desde entonces tanto por la vorágine de violencia desatada en la lucha por el vacío que dejó El Chapo y para apoderarse de la organización que comandaba, como para iniciar una nueva vida y buscar nuevas maneras de procurarse el sustento.
Ahora, brigadas de trabajadores sociales, agrónomos, biólogos, antropólogos y sociólogos están entrando en poblaciones hasta hace poco vedadas a cualquier representante de la autoridad, para levantar censos y elaborar diagnósticos sobre las necesidades de la comunidad a fin de diseñar programas sociales.
El gobierno busca aplicar la estrategia denominada “Sembrando Vida”, que consiste sobre todo en plantar árboles frutales y maderables en zonas boscosas para que sean de beneficio de la gente y para cambiar los cultivos de drogas por otras opciones agrícolas.
Por ejemplo, en 15 municipios de Durango, en los límites con “El Triángulo Dorado”, que hasta ahora estaba sembrado de marihuana y amapola (la planta de la que se extrae el opio, materia prima de la heroína), ahora comienzan a aplicarse sistemas agroforestales. Para 2020, el “Sembrando Vida” pretende llegar a la región que hasta hace poco era dominada por las grandes organizaciones del narcotráfico en el país.
La ministra de Bienestar María Luisa Albores explicó que este plan que se lleva a cabo ya en 8 estados del país, sobre todo del empobrecido sureste, ahora está probando suerte en los territorios más violentos que dominaba El Chapo.
En algunos casos, los brigadistas que entran a la zona son “cuidados por las autoridades y los propios habitantes de la comunidad”, por cuanto siguen existiendo áreas de difícil acceso, que son celosamente protegidas por las bandas criminales.
“Vamos a entrar a la parte del Triángulo Dorado completo, ya el año que viene”, afirmó ante el mandatario la funcionaria. Entre las poblaciones que serán incluidas figuran Creel y Guachochí, en Chihuahua, con amplia presencia de grupos violentos y Badiraguato, en Sinaloa, ésta última la cuna de Joaquín Guzmán, de 62 años, donde vive todavía su madre y parte de su familia, concretamente en la ranchería (aldea) llamada “La Tuna”.
