El tándem Bullrich-Monteoliva desplegó toda su expertise dentro y fuera del Congreso para instaurar la reforma laboral libertaria. Lo que comenzó como una movilización pacífica y multitudinaria en defensa de las y los trabajadores, terminó con una brutal represión de las fuerzas federales y la policía porteña con cientos de heridos y decenas de detenidos. Alrededor de 300 personas fueron agredidas con gases lacrimógenos y balas de goma, 31 fueron detenidas y 70 demoradas. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desplegó un operativo de 800 efectivos para blindar la votación en el Senado, con la que La Libertad Avanza quiere erradicar décadas de derechos laborales. Incluso, utilizaron “las pistolas lanzagases que el gendarme Guerrero disparó contra Pablo Grillo”, indicaron los organismos de derechos humanos que monitorearon la marcha, a la que compararon con la del tratamiento de la Ley Bases por la violencia estatal que se desplegó.
Alrededor de las tres de la tarde, un grupo pequeño de personas encapuchadas comenzó a tirar piedras, proyectiles improvisados y cañitas voladoras por encima del vallado que tapaba todo el frente del Congreso y detrás del que se apostaron cientos de policías. Después de eso, se desató un operativo gigantesco en el que la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires usaron la fuerza para desmovilizar. “Utilizaron balas de goma, hidrantes, incluso las pistolas lanzagases que el gendarme Guerrero -hoy procesado- disparó hace casi un año contra Pablo Grillo”, indicaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Cuando parte del vallado fue derribado, los efectivos de infantería de la Gendarmería y los camiones hidrantes comenzaron a lanzar agua y gas pimienta hacia todas las personas que, casi en su totalidad, se manifestaban de manera no violenta. Muchos de ellos denunciaron infiltrados para entorpecer la movilización. “Fue un despliegue represivo completamente injustificado porque la mayoría de la gente estaba concentrándose de manera totalmente pacífica. Incluso, algunos grupos ya estaban desconcentrando”, le dijo el director del Programa de Violencia Policial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, a Página/12.
Detenidos en marcha contra la reforma laboral
Detenidos en marcha contra la reforma laboral Detenidos en marcha contra la reforma laboral (Alejandra Morasano)
Según los registros de esa organización, al menos 31 personas fueron detenidas de manera arbitraria; miles resultaron afectadas por gases lacrimógenos y gas pimienta –entre ellos integrantes de la CPM y del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, como su presidente Juan Manuel Irrazabal– y otras resultaron heridas con postas de goma. Pero no solo eso, alrededor de 562 manifestantes fueron asistidos por los equipos de las postas sanitarias en salud de los partidos de izquierda, CEPA y la CPM. Además, otros 70 fueron demorados en la calle Lima, entre México y Chile. La mayoría fueron identificados y liberados.
Como indica el manual de la represión libertaria, entre los heridos hubo periodistas. Uno de ellos fue el cronista de Radio Gráfica Mario Sadras, que contó que la policía le disparó con balas de goma. “Me apuntaron a la cabeza, me pegaron a centímetros del ojo”, dijo.
Los socorristas también confirmaron que varios de los disparos fueron por arriba de la cintura, algo que está prohibido en los protocolos de uso de las armas llamadas “menos letales”, porque pueden causar heridas graves o la muerte. “No dispararon para la parte baja solamente. Llegamos a ver que la posición de ataque de ellos era en 45 grados, pero hacia abajo”, le contó a este diario Juan Cardoso, integrante de la posta de Salud y Cuidado. “Tuvimos heridos de bala de goma en la cara. Ninguno con compromiso ocular, pero sí cerca del ojo, en la zona de los pómulos, en la frente, en la zona del parietal y en la cabeza”, agregó. Recordó como, en medio de la desesperación, rescataron personas que quedaban boyando en la calle sin visión por el gas lacrimógeno. “Otras estaban malheridas o incluso conmocionadas”, agregó.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indicó que tras el retiro de gran parte de la movilización, la Policía de Jorge Macri armó cordones en las calles aledañas con lo que impidió la evacuación hacia el Norte y el Sur. “Ante el lanzamiento de las bombas de gas pimienta de largo alcance, el único camino posible era abandonar la plaza Congreso hacia 9 de Julio”, describieron. La cacería siguió con 15 motos y, detrás de ellas, alrededor de 100 efectivos de infantería disparando latones de gas y balas de goma.
El referente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA Argentina), Esteban Chala, contó que asistieron a muchos heridos por gases y por balas de goma. En diálogo con Página/12, recordó el caso de un joven al que tuvieron que pararle una hemorragia en la boca por el impacto de un perdigón en el labio. “También mucha gente por intoxicación por los gases y por el spray de pimienta”, dijo.
Horas más tarde, los efectivos porteños reprimieron con gas pimienta a un grupo de diputados que se acercó hasta Lima y Chile, donde la Policía de la Ciudad tenía a 30 personas detenidas, la mayoría de ellos miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Horas más tarde, liberaron a 10 personas, pero las 20 restantes fueron trasladadas a la Comisaría de Barracas, a dónde se convocó una manifestación para pedir su liberación.
El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Nicolás Caropresi, que fue demorado y luego liberado, contó cómo fueron emboscados: “Nos detuvieron de una manera completamente perversa. Nos veníamos retirando por la vereda a esa altura, venían de atrás tirándonos balazos de goma. Adelante cruzaron la moto, nos hicieron un corralito de los dos lados. Nos tiraron al piso y nos tiraron gas cuando estábamos en el piso. Era gente q se estaba retirando tranquila, vinieron a buscar venganza”, explicó.
“Esta represión tuvo una magnitud más parecida al tratamiento de la Ley Bases, con un despliegue policial más grande y con una decisión represiva ya evidentemente tomada de antemano”, describió Pomares.
