“La política judicial es la lucha contra la impunidad”, afirmó el juez Ariel Lijo

El juez federal sostuvo que “hay compromiso por parte de los jueces federales para combatir" la corrupción y que "encuentran respaldo dentro de los tribunales”. Y negó acciones coordinadas por parte de los jueces.

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El juez federal Ariel Lijo sostuvo hoy que “hay compromiso por parte de los jueces federales para combatir” la corrupción y que “encuentran respaldo dentro de los tribunales”, al tiempo que negó presiones políticas y la existencia de operadores judiciales al afirmar que “la política judicial es la lucha contra la impunidad”.

“Hay una política desde la Corte Suprema para terminar con la impunidad”

En declaraciones a radio Nacional, Lijo negó esta mañana que el avance en las medidas judiciales sobre casos de corrupción durante el anterior gobierno responda a presiones de sectores interesados y lo relacionó con que “hay una política desde la Corte Suprema para terminar con la impunidad”.

Además, explicó que juntar prueba y estructurar una decisión judicial lleva un tiempo que “nunca coincide con los tiempos de la demanda pública” y recordó que “hubo muchos casos en estos años de juzgamiento de funcionarios en funciones, como Felisa Miceli y Guillermo Moreno”.

“Acá hay fiscales y jueces que trabajan durante años”, dijo Lijo y apuntó que “es más sencillo criticar la decisión que respaldar el valor institucional que tiene”.

“Hay un trabajo muy serio y muy arduo de fiscalías y juzgados para desentrañar casos de lavado de dinero”, agregó Lijo poco más tarde en declaraciones a radio Continental.

Lijo negó que existan acciones coordinadas por parte de los jueces y lo fundamentó al asegurar que cada uno es independiente y que sus fallos son evaluados por los tribunales superiores.

“Sí está claro que hoy los jueces tienen respaldo dentro del Poder Judicial”, aseveró el magistrado y puntualizó que “los tribunales le pusieron límite a la denominada ‘democratización de la Justicia’ aprobada por los otros poderes”, en referencia a las leyes de reforma del Poder Judicial impulsadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que fueron aprobadas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.

“La política judicial es la lucha contra la impunidad. No debe tener ningún otro eje”, concluyó.