Además se defendió el aporte fiscal de los productores.
El Gobierno de Formosa, a través del ministro de la Producción y
Ambiente, Lucas Rodríguez, intimó formalmente a la Dirección Nacional
de Vialidad a ejecutar en diez días corridos tareas de dragado y
desobstrucción en las Rutas Nacionales 11 y 95.
La gestión provincial presentó evidencia técnica satelital que demuestra
que la falta de mantenimiento en alcantarillas transforma a los terraplenes
federales en un tapón artificial que amenaza con anegar más de un millón
setecientas mil hectáreas productivas, cortar accesos a comunidades y
desabastecer centros urbanos.
El reclamo desmonta la excusa presupuestaria tras la admisión oficial de
que Nación retiene y desvía los fondos del Impuesto a los Combustibles
que pagan a diario todos los formoseños.
De esta manera, en el marco del plan preventivo articulado para resguardar
la seguridad de las poblaciones urbanas y la continuidad de los sistemas
productivos frente al ciclo hidrometeorológico de El Niño, el Gobierno
provincial remitió una intimación técnica e institucional perentoria al
Administrador General de Vialidad Nacional, ingeniero Marcelo Campoy,
con copia al Distrito 22 a cargo del ingeniero Víctor Ramón Padilla. La
Provincia exigió la inmediata movilización de cuadrillas y equipamiento
para despejar los conductos y desagües de las Rutas Nacionales 11 y 95 en
toda su extensión formoseña.
Certeza científica e informe satelital: anticipación frente al desfasaje
estacional
La intimación provincial se sustenta en un exhaustivo análisis geoespacial
elaborado por los equipos técnicos del Ministerio, en estricta consonancia
con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional
del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la
Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Estos
organismos confirmaron que la fase cálida de El Niño presenta una
probabilidad superior al 80% de intensificación en primavera y 96% de
persistencia hacia el verano 2026 y 2027.
En la región, el fenómeno se caracteriza por un desfasaje donde los pulsos
de lluvias intensas y las crecidas de los ríos transfronterizos se concentran a
partir de septiembre. Frente a esta ventana temporal crítica, el Estado
provincial coordinó relevamientos anticipados para evitar daños
prevenibles sobre la matriz económica y el tejido social, requiriendo a las
autoridades nacionales el cumplimiento estricto de su contraprestación
operativa.
El terraplén de rutas nacionales como dique artificial: amenaza directa
para el interior
La topografía de Formosa se define como una llanura con un suave
gradiente regional cuyo escurrimiento natural discurre de Noroeste a
Sudeste hacia los ríos Paraguay y Bermejo. En esta configuración
morfológica, los terraplenes de las Rutas Nacionales 11 y 95 interceptan
perpendicularmente los corredores hídricos y esteros naturales.
Los modelos satelitales confirman que la provincia cuenta con 1.714.700
hectáreas (22,6% de la superficie provincial de suelo sin masa hídrica) en
condiciones de alta susceptibilidad a excesos hídricos, de las cuales el 78%
se ubica en grandes bloques continuos adyacentes a ambas rutas.
La colmatación de alcantarillas por falta de limpieza hace que las vías
nacionales actúen como un dique o tapón no planificado, embalsando
masas de agua que no solo saturan el suelo y ponen en riesgo el rodeo y las
cosechas, sino que socavan los cimientos de caminos vecinales, amenazan
con aislar parajes y pueblos e interrumpen la logística de alimentos frescos
y mercancías hacia las principales ciudades.
Recursos para rutas tras la confesión del desvío de fondos del Impuesto
al Combustible
La presentación formoseña neutralizó jurídicamente cualquier justificación
basada en la supuesta escasez de fondos. Recientemente, el vocero
presidencial Adrián Ravier confirmó de forma pública que el Poder
Ejecutivo retiene y no transfiere los recursos recaudados a través del
Impuesto a los Combustibles Líquidos fijado por la Ley 23.966,
utilizándolos de manera arbitraria para solventar otros gastos centrales en
lugar de asignarlos a la conservación vial.
En este sentido, el Ministro aseguró que “cada productor agropecuario,
transportista, comerciante y vecino formoseño abona rigurosamente ese
tributo específico cada vez que carga nafta o gasoil. Resulta inaceptable
que el Gobierno nacional perciba tales ingresos de la comunidad y luego
pretenda excusarse en la falta de presupuesto para omitir el desmalezado
básico y la apertura de alcantarillas, quien cumple con sus obligaciones
fiscales tiene el derecho legítimo de exigir que las rutas estén en
condiciones operativas y seguras”.
Delimitación estricta de responsabilidades por falta de servicio
Además, agregó que “conforme al Decreto Ley 505/58 y otras normas, la
custodia, el libre escurrimiento y la transitabilidad de la red troncal
nacional constituyen una obligación legal primaria e indelegable de la
Dirección Nacional de Vialidad”.
Y marcó que “la provincia dejó formalmente asentado que todo daño
ocasionado por anegamientos derivados del efecto tapón de las rutas,
incluyendo pérdidas agropecuarias, mortandad de hacienda, rotura de
caminos y cortes de transitabilidad urbana, constituirá una falta de servicio
objetiva imputable a la negligencia de las autoridades viales federales,
reservándose el Estado provincial y los productores afectados, el derecho
de accionar en los fueros correspondientes”.
