En un intento por proteger los ingresos fiscales, la administración de Javier Milei, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), dio marcha atrás con un mecanismo que aliviaba los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Mediante la Resolución General 1.166, se eliminó la posibilidad de utilizar cheques para depositar o retirar fondos en las cuentas de las sociedades de Bolsa (Alycs), obligando a las empresas a canalizar ese dinero por el sistema bancario tradicional y, por lo tanto, a tributar el impuesto a los créditos y débitos.
La decisión tiene un motivo netamente recaudatorio. La operatoria bursátil con cheques —habilitada en mayo y posteriormente limitada a dos por día— se había popularizado como una vía rápida y legal para esquivar el gravoso «impuesto al cheque», que retiene un 0,6% por cada débito y otro 0,6% por cada crédito.
Esta fuga hacia el mercado de capitales generó un impacto directo en las arcas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De hecho, según datos aportados por Salvador Vitelli, economista del Romano Group, la recaudación de este impuesto específico se hundió un 9% en términos reales durante agosto, a pesar de que la actividad económica general había mostrado un repunte cercano al 2%. De no frenarse, el agujero en los ingresos fiscales hubiera seguido creciendo mes a mes.
Ante este escenario, la normativa de la CNV estableció de manera tajante que las transferencias (ya sea desde cuentas bancarias o CVU vinculados al CUIT del titular) serán la «única modalidad habilitada» para ingresar o retirar liquidez de las cuentas comitentes.
En los considerandos de la medida, el organismo justificó la decisión argumentando que busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, evitar complicaciones operativas por el rechazo de cheques y mejorar la trazabilidad y transparencia para prevenir «conductas disvaliosas» en el mercado.
Fuerte malestar en el sector productivo
La marcha atrás del Gobierno generó una ola de quejas entre los agentes bursátiles y los empresarios pyme, quienes denunciaron un nuevo golpe a su estructura de costos. En distintos foros y redes sociales, referentes del sector manufacturero señalaron que la medida encarece drásticamente la operatoria comercial diaria, afectando especialmente a aquellas empresas que llegan a operar en descubierto para poder adquirir mercadería.
Por su parte, las sociedades de Bolsa ya enviaron comunicados masivos a sus clientes para advertir sobre la nueva normativa, aunque se ocuparon de hacer una aclaración técnica fundamental: la restricción aplica exclusivamente al uso del cheque de pago como «vía de fondeo» para la cuenta. La tradicional operatoria de descontar o negociar cheques de pago diferido como instrumento de inversión o financiamiento puro en el mercado de valores seguirá funcionando con total normalidad.
En definitiva, la medida cierra una ventana que durante algunos meses permitió a las pymes abaratar sus costos transaccionales, y las devuelve a la órbita obligatoria de uno de los impuestos más distorsivos del sistema argentino, creado originalmente bajo una «emergencia por 90 días» hace más de un cuarto de siglo.
