A través de la Dirección de Personas con Discapacidad puso a disposición
sus equipos y canales de atención para orientar a los beneficiarios
alcanzados por la reciente medida del gobierno nacional.
Ante la incertidumbre generada por la decisión del Gobierno nacional de
volver a suspender más de 21.800 Pensiones No Contributivas (PNC) por
Invalidez Laboral en todo el país, la Dirección de Personas con
Discapacidad, dependiente del Ministerio de la Comunidad, informó que se
encuentra brindando asesoramiento y acompañamiento a las personas que
podrían resultar afectadas por la medida.
La disposición nacional, establecida mediante la Resolución 3695/2026,
dejó sin efecto la Resolución 13901/2025, dictada en octubre del año
pasado en cumplimiento de una medida cautelar del Juzgado Federal Nº 2
de Catamarca, cuyo alcance se había extendido a todo el territorio nacional
y que había ordenado restablecer el pago de las pensiones previamente
suspendidas.
Con este nuevo cambio, las personas incluidas en el listado correspondiente
deberán solicitar la rehabilitación de sus prestaciones dentro de un plazo de
60 días corridos desde su notificación, presentando documentación médica
actualizada y los antecedentes necesarios para acreditar su derecho.
Frente a este escenario, la directora de Personas con Discapacidad, Susana
Jara, explicó que el organismo a su cargo dispuso un esquema de
acompañamiento para que los beneficiarios puedan constatar su situación,
verificar si se encuentran alcanzados por la normativa y recibir orientación
sobre los pasos administrativos que deben realizar.
En ese sentido, recomendó contactarse con la Dirección, a fin de contar con
tiempo suficiente para revisar cada situación y evitar demoras en caso de
que la persona figure entre las alcanzadas por la medida.
Al referirse a los fundamentos de la decisión nacional, Jara cuestionó el
enfoque desde el cual se abordan estas políticas y señaló que las medidas
responden a una determinación irracional de reducción de costos y gastos
del Estado, sin contemplar adecuadamente las realidades y necesidades de
las personas con discapacidad.
“Argumentos no hay. Siguen hablando de reducir costos, de reducir gastos
del Estado, pero no ven a las personas como sujetos de derechos, sino como
números. Desde la provincia estamos peleando constantemente para
visibilizar los derechos de las personas con discapacidad”, expresó.
En esa línea, marcó las diferencias entre la orientación de las políticas
nacionales y las que se desarrollan en Formosa, donde el Estado provincial
sostiene una perspectiva de reconocimiento y ampliación de derechos, con
dispositivos de atención y acompañamiento destinados a dar respuestas
ante situaciones de vulnerabilidad.
“Esta visión del Gobierno Nacional difiere notablemente de la que tenemos
en nuestra provincia. Nosotros trabajamos para acercar derechos, mitigar
estas vulneraciones y brindar herramientas para que las personas con
discapacidad se sientan realmente acompañadas. Esto se repite y, una vez
más, como provincia, insistimos en asesorar, acompañar y estar presentes”,
remarcó.
Asimismo, cuestionó las modalidades en que se desarrollaron las auditorías
y los mecanismos de comunicación con los beneficiarios. Según explicó,
“las personas deben recurrir a listados para conocer si sus prestaciones
fueron alcanzadas por las suspensiones, sin contar necesariamente con una
comunicación directa y accesible que les permita comprender su situación
y actuar a tiempo”.
En este contexto, advirtió también sobre las dificultades que implica
realizar estos trámites para las personas con discapacidad, especialmente
para quienes residen en localidades alejadas de la capital provincial o en
zonas del interior, donde las distancias y las limitaciones de acceso a la
información pueden convertirse en nuevos obstáculos.
“Seguramente, como provincia, estaremos trabajando articuladamente y
tomando todas las medidas necesarias para que las personas puedan
presentar las documentaciones requeridas para ser incorporadas a las
actuaciones administrativas correspondientes y posterior evaluación por las
áreas competentes de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Por ahora,
nuestra prioridad es ayudarlas a revisar su situación y, si figuran en el
listado, agotar todas las instancias de acompañamiento”, sostuvo.
Por otra parte, Jara destacó que el trabajo no se limitará a la atención en las
oficinas de la Dirección, sino que se realizará de manera articulada con los
municipios y los distintos espacios de la Comunidad Organizada (ECO),
con el propósito de facilitar el acceso a la información en todo el territorio
provincial.
Explicó que existe un contacto permanente con las áreas sociales
municipales y referentes locales, a quienes se les brinda información
actualizada sobre la situación y los procedimientos correspondientes, para
que puedan orientar a los beneficiarios y acompañarlos en las gestiones que
necesiten realizar.
Esta articulación también contempla la colaboración de vecinos y
referentes comunitarios que puedan facilitar la llegada de la información a
personas que, por cuestiones de distancia o dificultades de movilidad, no
estén en condiciones de acercarse directamente a las oficinas de atención.
Finalmente, la directora recomendó consultar siempre fuentes oficiales
antes de iniciar cualquier trámite o tomar decisiones sobre la prestación, y
recordó que la Dirección de Personas con Discapacidad se encuentra
disponible para brindar orientación y acompañamiento.
Las personas interesadas pueden comunicarse al 3704 545521 o acercarse
personalmente a la sede ubicada en Fortín Yunká 50. También pueden
recurrir a los espacios ECO y a las áreas sociales de los municipios.
Desde el organismo remarcaron que el objetivo del Gobierno de Formosa
es que ningún beneficiario quede sin orientación frente a esta situación y
que cada persona pueda contar con la información y el acompañamiento
necesarios para defender sus derechos y gestionar la recuperación de su
prestación.
