Por Emilio Fernández, delegado zonal de María Cristina
En los últimos tiempos, la palabra adoctrinamiento se ha convertido en un
recurso tan práctico como efectista. Como señalaba con aguda ironía una
docente formoseña en sus redes sociales, “ya no hace falta leer un
cuadernillo, conocer una planificación o entrar a un aula: alcanza con que
aparezca un tema político, histórico o social y listo”.
Esa liviandad con la que desde un escritorio o una red social se acusa a la
escuela pública no sólo empobrece el debate sobre la educación, sino que
también desconoce y desvaloriza la capacidad profesional y la entrega
diaria de miles de maestras y maestros que todos los días planifican,
enseñan y acompañan las trayectorias escolares con responsabilidad y
compromiso.
Como delegado zonal del sistema educativo y como integrante de un
pueblo originario, siento la responsabilidad de contribuir a un debate serio.
Hablo desde la experiencia cotidiana de las escuelas, pero también desde
una historia colectiva que mucho antes de este gobierno provincial fue
invisibilizada.
Sé lo que significa que otros escriban la historia de nuestras comunidades
sin conocerlas y también sé el valor profundamente emancipador que tiene
una educación que recupera la memoria, la identidad, la cultura y los
derechos de un pueblo.
La clave pedagógica: no es el tema, es la propuesta
El adoctrinamiento, cuando verdaderamente existe, no se define por el
contenido o la temática que se aborda, sino por el modo en que se enseña.
No se diagnostica mirando aisladamente el título de un material o una
palabra fuera de contexto. Para llegar a esa conclusión es necesario analizar
la propuesta didáctica completa, los objetivos de aprendizaje, las
intervenciones docentes y el lugar que ocupa el pensamiento crítico dentro
del proceso educativo.
Hay una diferencia sustancial entre enseñar procesos históricos y
adoctrinar. Enseñar procesos históricos y sociales significa ofrecer
herramientas pedagógicas para que los estudiantes comprendan la realidad
que los rodea, conozcan los procesos que dieron forma a su comunidad,
interpreten los cambios sociales, y los derechos que los asisten. Promueve
el análisis, la pregunta, el arraigo y la construcción de soberanía cultural.
Adoctrinar, en cambio, consiste en no permitir preguntas, exigir la
repetición irreflexiva de un dogma y negar el debate o el desarrollo de
capacidades analíticas en los educandos.
Pretender que la historia reciente, el desarrollo productivo, las obras de
infraestructura o la construcción de la identidad provincial no entren a la
escuela bajo el pretexto de “proteger” a los niños es, paradójicamente, una
forma de censura. Se priva a los estudiantes del derecho fundamental de
conocer de dónde vienen y hacia dónde va su comunidad.
Respaldar al docente para defender la identidad
Nuestra planificación educativa en Formosa se abreva directamente en el
diseño curricular provincial y en la Constitución Provincial. En este
contexto, promover el conocimiento de la historia, la cultura y las
transformaciones de la provincia no son unos lineamientos curriculares de
ocasión ni un eslogan partidario; es un mandato constitucional y
democrático orientativo para formar ciudadanos con arraigo, sentido de
pertenencia y orgullo por su tierra.
Quienes acusan livianamente de adoctrinar buscan evitar el análisis y
convertir la valiosa labor docente en un eslogan para actualizar algoritmos.
Como docente de un pueblo originario, sé que la verdadera educación es
aquella que emancipa, la que enseña a mirar el entorno con ojos críticos y
la que valora la historia real vivida en el territorio y no la escrita desde la
distancia.
El Modelo Formoseño es el que les dio voz a los pueblos originarios a
través de material didáctico en nuestra propia lengua, que al igual que este
caso que trascendió en redes sociales, expone el “donde estábamos y hacia
dónde vamos”.
Enorme sorpresa se va llevar la legisladora cuando se entere de todo el
material didáctico en lenguas originarias que producimos en Formosa, pero
claro, ella no quiere que se sepa la cantidad de escuelas y hospitales
construidos, la dignidad de los paipperos, las rutas que nos acercan, la
energía eléctrica que llega a nuestros hogares y un largo etcétera.
La escuela tiene la responsabilidad de enseñar esos procesos desde una
perspectiva pedagógica, contextualizada y abierta al análisis crítico.
Reducir ese trabajo a una acusación de adoctrinamiento significa
desconocer la complejidad de la tarea docente y simplificar el sentido
mismo de la educación.
Quienes enseñamos sabemos que educar implica desarrollar pensamiento
crítico, promover el diálogo y ayudar a comprender la realidad desde
múltiples dimensiones. Esa es la esencia del trabajo docente y constituye
uno de los pilares de una sociedad democrática. Es hora de salir en firme
defensa de la tarea docente.
Enseñar la historia de nuestro pueblo con rigor pedagógico no es
adoctrinar: es garantizar el derecho a la memoria, a la identidad y a la
libertad de pensamiento en cada rincón de nuestra provincia.
Nosotros que vivimos el interior de Formosa, valoramos mucho los avances
que sucedieron porque nos conectan con lo que fue distante y la
defenderemos porque nos transforma para mejor y la educación es la
principal herramienta de cambio que el gobierno de Formosa nos brindó
para entender que somos una provincia multiétnica y pluricultural.