Sequía: advierten que la ayuda del Estado es insuficiente

El sector agropecuario enfrenta una de sus crisis estructurales más serias de las últimas décadas por el impacto de una sequía desoladora que sobre todo golpea la zona núcleo agrícola y las principales regiones ganaderas del país.
“El sector es el motor de la economía y el mayor generador de riqueza. El daño impacta en el PBI en más de un 1%, más de un 20% de la cosecha de soja y maíz, y un daño a determinar en carne y leche y otros cultivos, ya que al momento no se han registrado lluvias de importancia, no se han podido hacer reservas forrajeras, y menos forrajes de invierno”, advierte Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El dirigente ruralista asegura que la Argentina no cuenta con mecanismos institucionales de ayuda efectivos para estas ocasiones. “La ley de emergencia agropecuaria no alcanza, está diseñada para otras circunstancias y cuenta con un efímero fondeo que no alcanzó nunca, menos ahora no solo por la envergadura del problema si no porque han pasado casi 10 años desde su última actualización”, señala Chiesa.
También recuerda que el sector agropecuario aportó 86.400 millones de dólares (entre 2002 y 2017) en impuestos y retenciones; y el resto de la economía 33.030 millones dólares. “Solo el complejo sojero dejó 64.000 millones de dólares, en ese período, un 17% más que las reservas existentes en el Banco Central al cierre de 2017, y tributará a pesar de todo 7.100 millones de dólares en 2018 y 2019”, adelanta el dirigente.
El costo que deberá absorber el sector sólo en maíz y soja para lograr un punto de equilibrio será de 1.700 millones de dólares, esto sin incluir arrendamientos ni carne ni leche ni otros cultivos.
En claro contraste, la ley de emergencia cuenta con 500 millones de pesos. “La nada misma frente a la pérdida. Y a pesar de haber tenido durante 2 años 20 provincias en emergencia, no se ha debatido debidamente un mecanismo institucional de contención y ayuda. Recién ahora, por presión de CRA, se instala el debate y en una primera aproximación, parece no haber voluntad del estado en aportar fondos para mitigar éste riesgo”, insiste Chiesa.
Desde CRA explican que es necesario comprender que no habrá supermercado del mundo sin una contención de riesgo efectiva frente al proceso de cambio climático que enfrenta el planeta. También cuenta que otros países, como España, Estados Unidos y Brasil, lo han solucionado.
“Todas las propuestas de seguros agrícolas, mitigación de riesgos, compensaciones por pérdidas, tienen un altísimo costo que necesitan la presencia y aporte del Estado, sea por el mecanismo que sea. O por aportes directos para el subsidio de primas, o por eliminación de impuestos a las primas (hoy más del 30% del costo de la misma), o por desgravaciones impositivas”, propone Chiesa.
CRA, junto a las otras entidades, está trabajando en distintas opciones, pero aseguran que “es como un vuelo a ciegas” porque todavía no hay una decisión o definición del Estado “para hacer algún aporte”.
“El sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. Sólo el año pasado se le derivaron a SanCor, una empresa privada, 500 millones de pesos para su rescate. Es el mismo monto que para toda la emergencia climática de 20 provincias, un hecho denunciado por CRA. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y a país de estos eventos”, concluyó el dirigente.