PARAGUAY: Políticos no pueden ser cónsules, según la ley

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, repite el viejo vicio de violar la Ley del Servicio Diplomático 1335/99, al designar a políticos en cargos consulares. Paraguay firmó la Convención de Viena comprometiéndose a designar en esos cargos a funcionarios de carrera, pero no lo cumple.

El artículo 42 de la Ley 1335/99, del Servicio Diplomático y Consular, señala claramente que “la función consular está reservada a los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular”.

A esto se debe mencionar que está vigente para el Paraguay la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963, y a la que se adhirió nuestro país. En dicho documento internacional los países parte se comprometen a cumplir con lo acordado y en el artículo 1 de las Definiciones, se señala en el inciso 2 que “Los funcionarios consulares son de dos clases: funcionarios consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios”.

De esta manera, queda en evidencia la violación en la que incurren el presidente Mario Abdo Benítez y el canciller Luis Castiglioni al designar a políticos en cargos consulares.

Mediante el Decreto N° 654, el exintendente de Horqueta y médico Arturo Urbieta Cuevas (ANR, Añetete), fue nombrado cónsul de segunda clase en Ponta Porã, Brasil. Y, por el Decreto N° 1019, se designó al seccionalero Héctor Rubén Figueredo Notario (Añetete) como cónsul general en Buenos Aires. Ninguno de los dos es funcionario de carrera. Es más, ambos confesaron desconocer las funciones y las leyes por las cuales deben regirse los consulados, así como convenios y acuerdos con los países donde prestarán servicio.

En un intento de minimizar la situación, la Cancillería brindó capacitación a los cónsules designados, de la mano de la viceministra de Administración y Asuntos Técnicos, Casilda de Schneider.

Además, Abdo aún mantiene a otros políticos nombrados en consulados por el gobierno anterior de Horacio Cartes, como es el caso Hugo Rolando Bogado, hermano del acusado senador cartista Víctor Bogado, quien es cónsul general en Málaga, España. También, el exdiputado Luis Larré, ubicado por Cartes en el Consulado de Resistencia, Argentina.