Para la UCA, creció la pobreza y en casi un año hay 1,5 millones más de pobres

Entre 2015 y el tercer trimestre de 2016, aumentó de 29% a 32,9%; en tanto, hay casi 600.000 nuevos indigentes, según anunció Agustín Salvia.

De esta forma, la indigencia pasó del 5,3% al 6,9% de la población y alcanzó a 2,7 millones de argentinos, mientras que la pobreza creció del 29% al 32,9% y llegó a 13 millones de personas, de acuerdo con el informe titulado “Pobreza y Desigualdad en la Argentina Urbana 2010-2016” del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
“Estos niveles serían los más altos de los registrados desde 2010 a la fecha”, agregó el reporte incluso si las canastas básicas que usa la UCA en la elaboración de estos índices son más bajas que las del Indec (y pueden subestimar la pobreza) pero permiten “priorizar la continuidad de la metodología del período 2010-2016”.
Estos números muestran un aumento respecto de los valores de 2015 y también respecto de los de abril de 2016 cuando la UCA había relevado 6,2% de indigencia y el 32,6% de pobreza en línea con los datos arrojados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec que, en el segundo trimestre de 2016, había apuntado tasas del 6,3% y 32,2% de personas en situación de indigencia y de pobreza, respectivamente.
“La situación socioeconómica no siguió un derrotero lineal a lo largo del período de los Bicentenarios objeto de análisis (2010-2016). Entre 2010 y 2011 se evidencia una fase de recuperación de la crisis de 2009 a nivel de la demanda de empleo y del consumo, en el marco de una política de ampliación de la cobertura asistencial y previsional. Sin embargo, en la etapa 2012-2014, volvió a evidenciarse un proceso de estancamiento en la generación de empleo y de deterioro social en un contexto inflacionario”, explicó el informe.
“Durante 2015, sin grandes cambios, la falta de inversión, el creciente déficit público y otros desajustes macroeconómicos, habrían puesto a la economía en un callejón sin salida. En la fase reciente -a partir de 2016- las medidas de ajuste económico, el contexto internacional adverso, la política anti-inflacionaria y la rezagada inversión privada y pública habrían agravado el escenario de crisis, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales”, agregó.
De todos modos, el informe reconoce que hubo mejoras en los indicadores macroeconómicos -como ser el nivel de empleo y la baja de la inflación- que podrían haber revertido parte del deterioro social registrado en esos ocho meses: “Si bien en el segundo semestre se registró una baja notoria en el ritmo inflacionario y, al final del mismo, habría tenido lugar una efectiva recuperación del empleo, hacia el tercer trimestre del año -momento en que aplicó este relevamiento- no se evidenciaban cambios significativos en el nivel de actividad ni en la demanda laboral. Esta situación fue amortiguada, tanto en el segundo como en el tercer trimestre, por actualizaciones establecidas por ley en los montos jubilatorios, pensiones y programas sociales, entre otras medidas compensatorias”, concluyó el informe sobre la pobreza económica.