La Justicia confirmó que es inconstitucional la venta de Costa Salguero

La C√°mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires emiti√≥ un fallo con el que rechaz√≥ el recurso interpuesto por el gobierno porte√Īo contra el pronunciamiento del juez de grado que hab√≠a declarado la inconstitucionalidad de la norma.

La C√°mara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirm√≥ el fallo con el que se declar√≥ la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero, donde el Gobierno porte√Īo busca construir un conglomerado de edificios.

La sala segunda del tribunal de apelaciones emiti√≥ un fallo con el que rechaz√≥ el recurso interpuesto por el gobierno porte√Īo contra el pronunciamiento del juez de grado que hab√≠a declarado la inconstitucionalidad de la norma, tal como lo reclamaban organizaciones sociales y pol√≠ticas que pugnan por un espacio verde y p√ļblico ribere√Īo.

‚ÄúNuestra Constituci√≥n es clara en cuanto a la importancia que para ella poseen tal participaci√≥n ciudadana, el derecho al ambiente y, en particular, el acceso al r√≠o. Esta √ļltima referencia, tan peculiar en una carta magna, habla a las claras del componente finalista que debe guiar toda interpretaci√≥n de decisiones que puedan afectar ese acceso‚ÄĚ, sostuvieron los jueces Fernando Lima y Mariana D√≠az en el fallo al que accedi√≥ T√©lam.

Tras conocerse el fallo, la diputada nacional Gabriela Cerrutti, que es tambi√©n una de las impulsoras del amparo presentado contra la ley cuestionada, escribi√≥ en su cuenta de Twitter: ‚ÄúEl R√≠o no se Vende!!!! La C√°mara volvi√≥ a darnos la raz√≥n, rechaz√≥ la apelaci√≥n del gobierno de Horacio Rodr√≠guez Larreta y ratific√≥ que es inconstitucional la ley por la cual intentaron vender el predio de Costa Salguero para construir un barrio de lujo‚ÄĚ.

Ratifican la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero by Télam on Scribd

El juez de primera instancia Leonardo Furchi hab√≠a declarado la inconstitucionalidad de la ley tras se√Īalar que no se hab√≠an cumplido los mecanismos legislativos establecidos para sancionar una norma del calibre de la discutida ni se hab√≠a respetado el proceso de audiencias p√ļblicas a las que el Estado debe convocar obligatoriamente para estos casos.

‚ÄúDicho llana y claramente, no se discute aqu√≠ si el proyecto es bueno o malo, si es mejor hacer un parque o un complejo de edificios (o todas las opciones intermedias entre ambos extremos). No corresponde al Poder Judicial ingresar en ese tipo de asuntos, ni opinar en abstracto, ni menos a√ļn ¬īautorizar¬ī o no determinados avances. Lo que s√≠ corresponde, con tanta prudencia como ‚Äďllegado el caso- claridad y vehemencia, es hacer respetar los l√≠mites establecidos en la propia Constituci√≥n de la Ciudad Aut√≥noma de Buenos Aires‚ÄĚ, sostuvieron hoy los jueces del tribunal de apelaciones.

‚ÄúPodr√° estarse o no de acuerdo con aquellas decisiones, pero lo cierto es que, para adoptarlas, hay que respetar determinadas exigencias que en el caso no han sido cumplidas por la normativa cuestionada‚ÄĚ, afirmaron los magistrados en el fallo al que tuvo acceso esta agencia.

Los jueces Lima y D√≠az se√Īalaron que no puede ‚Äúdejarse pasar la afirmaci√≥n de que esta sala estar√≠a avasallando lo ya decidido por la Legislatura, cuando justamente lo que ahora se discute es que no se cumplieron los recaudos y pasos espec√≠ficos para adoptar medidas como la aqu√≠ atacadas‚ÄĚ.

‚ÄúDe adoptarse una interpretaci√≥n como la que propone la Procuraci√≥n de la Ciudad, la m√°s √≠nfima mayor√≠a simple bastar√≠a para adoptar decisiones en asuntos que requieren de mayor√≠as agravadas o saltearse los recaudos constitucionalmente previstos, clausurando el acceso a la justicia bajo una errada invocaci√≥n de la divisi√≥n de poderes que soslaya la consagraci√≥n de derechos colectivos; especialmente prevista para fortalecer la protecci√≥n de situaciones jur√≠dicas tales como el ambiente o el derecho a la participaci√≥n con el alcance contemplado por el constituyente‚ÄĚ, enfatizaron.

Cuando hizo lugar al amparo presentado por la diputada Cerruti, del Frente de Todos, y la asociaci√≥n civil Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) contra el Gobierno porte√Īo, el juez de grado declar√≥ “la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser contraria a los art√≠culos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constituci√≥n de la Ciudad” e impuso “las costas a la demandada vencida, por no encontrar motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota”.

El art√≠culo 63 fija el proceso para la convocatoria de las audiencias p√ļblicas por parte del Estado porte√Īo que se√Īala que el llamado “es obligatorio antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificaci√≥n, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes p√ļblicos”.

El 89 y 90, en tanto, establecen los mecanismos legislativos que deben ejecutarse para el tratamiento de las leyes denominadas “de doble lectura”, entre las que se incluye a las iniciativas del Ejecutivo que contemplen la “desafectaci√≥n de los inmuebles del dominio p√ļblico”, como es, justamente, el caso de Costa Salguero.

En rigor, los diputados aprobaron en la Legislatura porte√Īa, con votos del bloque oficialista Vamos Juntos y del aliado de la UCR, en diciembre de 2019, la ley por la cual se habilit√≥ a la administraci√≥n porte√Īa a desprenderse de los terrenos de la Costanera donde funcionaron los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco.

Puntualmente, la norma permiti√≥ “la disposici√≥n por parte del Poder Ejecutivo del inmueble”, dio lugar a un “concurso p√ļblico” para el desarrollo de un proyecto urban√≠stico con edificios, oficinas y comercios en el predio y determin√≥ que los fondos obtenidos de la venta de los terrenos iban a ir al financiamiento de obras de salud y educaci√≥n.

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