El director provincial de Seguridad Vial Fernando Inchausti, se refirió al
decreto del gobierno nacional sobre la reorganización de organismos de
transporte y seguridad vial: “Vemos con profundo dolor la publicación del
Decreto que dispone la disolución de Vialidad Nacional, la Comisión
Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV)” expresó.
Respecto a la ANSV sostuvo que “este organismo fue creado por la Ley
26.363 con el objetivo central de reducir la siniestralidad vial y coordinar
políticas públicas junto a las provincias y municipios”.
Y agregó que “La ANSV era una estructura técnica descentralizada que
desde 2009 articuló un sistema federal con criterios uniformes para que las
decisiones sobre tránsito respondieran a una lógica integral”.
En esa línea, el funcionario afirmó que “la eliminación de la ANSV
significa una ruptura con ese consenso técnicopolítico y un retroceso en la
Argentina de más de 16 años en materia de seguridad vial”.
Por eso, Inchausti advirtió que “este decreto debilita instituciones clave en
la reducción de siniestros fatales, como el Sistema Nacional de Licencias
de Conducir (SINALIC), el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito
(RENAT), el Observatorio Vial y el Sistema Nacional de Infracciones
(SINAI), entre otros”.
Además, señaló que “al eliminar la ANSV se desfinancia la política pública
de seguridad vial, aunque el Gobierno Central continuará recaudando
recursos del 1% de las primas de seguros, destinándolos al Ministerio de
Economía, sin garantizar que se usen para proteger la vida en rutas y
ciudades”.
Sobre el control y fiscalización, Inchausti advirtió que “la medida
desnaturaliza el rol de Gendarmería Nacional, asignándole la
responsabilidad del control en rutas nacionales, supeditada a convenios con
las jurisdicciones.” El funcionario ironizó diciendo que “cualquiera
pensaría que desde aquella institución ya resolvieron todas sus funciones
originales en el cuidado de las fronteras como para sumar esta carga”.
En relación al carácter político del decreto, sostuvo que “este modelo de
reorganización no es solo una decisión administrativa, sino una definición
política que revela la mirada del actual Gobierno Nacional de desprecio por
lo público, improvisación e irresponsabilidad de un Estado que deja de
reconocerse como garante del bien común”.
A nivel provincial, el funcionario fue categórico: “desde Formosa no
compartimos ni avalamos una política que pone en riesgo la vida de miles
de argentinos por desfinanciar, descentralizar sin planificación y
desintegrar el sistema nacional de seguridad vial”.
Y reafirmó que “de la mano del Modelo Formoseño, bajo la conducción de
nuestro Gobernador, sostenemos que la seguridad vial es una política de
Estado que no se negocia, no se terceriza y no se abandona, porque tiene
como único norte el cuidado de la vida de quienes transitan los caminos de
nuestra provincia”.
Finalmente sostuvo que “seguiremos trabajando en unidad, con
responsabilidad, criterio técnico y compromiso humano, porque creemos en
un Estado presente, solidario y profundamente humano”.
Y concluyó: “frente al desmantelamiento, respondemos con convicción, en
Formosa, la vida no se recorta, se protege”.