El Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, a cargo de la doctora Belén López
Macé, ordenó al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dejar
sin efecto las suspensiones o retenciones de las pensiones por discapacidad
en Formosa, y dispuso que los pagos se efectúen en un plazo de 24 horas.
La medida fue dictada tras un amparo presentado por la Asociación
Camino Azul TEA Formosa y la Defensoría del Pueblo, a cargo de
Leonardo Gialluca.
En una conferencia de prensa se explicaron los alcances del fallo judicial y
además se denunció que las auditorías nacionales para mantener las
pensiones presentan serias irregularidades que impiden a muchas personas
cumplir con los requisitos, dejándolas sin acceso a su prestación.
Al respecto, en diálogo con AGENFOR, el defensor Gialluca explicó que la
magistrada “hizo lugar a una medida cautelar dentro de un proceso de una
acción de amparo y un pedido de inconstitucionalidad que planteó la
Defensoría del Pueblo junto a otras asociaciones”.
De esta forma, ordenó que el Estado nacional y la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS), en el plazo de 24 horas, deje sin efecto las medidas
de retención y o de suspensión de las pensiones no contributivas por
incapacidad laboral, dispuestas en todo el territorio de la provincia de
Formosa, debiendo liberarse los fondos depositados en los bancos que se
encuentran retenidos, consignó.
Tras considerar al fallo como “importantísimo”, hizo notar que también “ha
dado un plazo de tres meses para que todos los interesados que están
comprendidos en este contexto puedan regularizar su situación”.
Ello teniendo en cuenta que “el Gobierno nacional lo que han hecho es fijar
plazos muy escuetos, sin notificar ni informar, donde la gente tiene que ir
con la carta documento, su historia clínica actualizada y sus antecedentes
médicos, lo cual lleva su tiempo”. Entonces, como consecuencia, “se han
visto suspendidas” miles de pensiones en todo el país, perjudicando a
“miles de personas”, advirtió.
“Este fallo está revisando ese procedimiento y diciéndole a la ANDIS que
le dé tiempo a la gente para que ejerza su legítimo derecho”, remarcó.
A su vez, destacó que si bien “desde la Defensoría del Pueblo se trabajó
conjuntamente con la Asociación Camino Azul, con la colaboración de
algunos legisladores provinciales”, el fallo “es de la gente, para la gente y
los colectivos con discapacidad”.
“Acá no podemos estar en las cosas pequeñas de querer apropiarnos de un
fallo judicial por cuestiones partidarias –enfatizó-. El discapacitado debe
ser tratado con respeto, con mucha empatía y a partir de ahí, tener en
cuenta que esos 280 mil pesos, más 70 mil pesos por bono, las personas los
utilizan para comprar alimentos, medicamentos y no para otra cosa. Y hoy
no están percibiendo esa pequeña suma de dinero con una inflación que nos
sigue golpeando y con un plan económico que realmente es muy errático”.
Categórico, afirmó que “las cosas pequeñas hay que dejarlas de lado y
seguir trabajando en forma mancomunada en todo el territorio provincial”.
