Economías regionales meten presión por una rebaja en los impuestos

Los representantes de las economías regionales que forman parte de CAME (Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa), reclamaron al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación del artículo 167 de Reforma Tributaria, de la Ley 27.430, que propicia la aplicación de un Mínimo no Imponible de $12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales.
Además, propusieron un amplio debate de los electrodependientes que transparente los costos de suministro de energía de las provincias.
Durante más de cuatro horas de reunión se reafirmó la necesidad de establecer un MNI para el pago de contribuciones patronales que promueva una tendencia a formalizar el empleo rural.
“Con la implementación del nuevo mínimo no imponible se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en nuestro caso, por lo general, es de carácter intensivo”, señaló Raúl Robín, titular del sector de Economías Regionales de la entidad.
De reglamentarse la Ley, las producciones primarias accederían a un alivio ante los problemas de rentabilidad y, por ende, competitividad. Asimismo, podrían afrontar los constantes aumentos de costos internos, ya sea de los servicios como de los insumos necesarios para la producción.
Costos energéticos
Las tarifas eléctricas tienen tres elementos principales: el precio de la energía regulado por el Ministerio de Energía de Nación que cubre principalmente los precios de generación; el segundo, el Valor Agregado de Distribución (VAD) que corresponde a las redes locales –capital más costos de operación y mantenimiento de la distribución–, y el tercero, impositivo (IVA y retención de IVA).
El VAD, que es el componente provincial de la tarifa eléctrica, está regulado por los Entes Provinciales Reguladores de la Electricidad (EPRE). “Con los abusos de los entes se manifiestan distorsiones marcadas entre jurisdicciones que castigan directamente al aparato productivo. Esto aísla a los pequeños y medianos productores”, afirmó Robín.
A esto se le suman cargos nacionales (IVA) y los locales (Ingresos Brutos, fondos especiales o solidarios, alumbrado público municipal, aportes a líneas de interconexión, entre otros). No otorgan contraprestación a cambio y son proporcionales al consumo, pero en conjunto engrosan la factura de luz hasta en un 70%.