Correo Argentino: confirmaron la intervenci√≥n “total” con desplazamiento de directivos

La C√°mara en lo Comercial dispuso que contin√ļe la intervenci√≥n judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar “potenciales perjuicios a acreedores” orden√≥ el “desplazamiento total” de sus directivos, por lo que se sum√≥ otra disposici√≥n adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que la deuda reconocida.

La resoluci√≥n de primera instancia, dictada en el marco del proceso de “salvataje” de la empresa, hab√≠a sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhiri√≥ el Procurador del Tesoro de la Naci√≥n, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de “vaciamiento”.

Contra esa resolución, dictada luego de dos décadas de iniciada la causa, la concursada presentó un recurso que fue rechazado por la Sala B de la Cámara, en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.

Desde la accionista y principal controlante Socma sostuvieron que esa sociedad siempre colabor√≥ para evitar la quiebra de Correo Argentino, que, afirmaron, “se mantiene” por sus aportes “desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado Nacional, que actualmente contin√ļa utiliz√°ndolos”, se√Īalaron los representantes legales del Grupo Macri.

Adem√°s, plantearon que eran “err√≥neas” las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la jueza Cirulli, y solicitaron que se aclaren cu√°les eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de cramdown (salvataje).

Las accionistas pidieron medidas de prueba, pero la Sala B de la C√°mara Comercial determin√≥ que las mismas “resultan incompatibles con el examen de esta medida provisional, limitada a esta etapa acotada del procedimiento de cramdown y porque, adem√°s, la cuesti√≥n puede resolverse con las constancias obrantes” en la causa.

Omisión de información

El tribunal, en ese punto, record√≥ que la ley 24.522 (ley de concursos y quiebras) habilita al juez a disponer la separaci√≥n del concursado de la administraci√≥n cuando se incurre en algunas de las conductas enunciadas en la misma norma, como “la omisi√≥n de informaci√≥n que el juez o el s√≠ndico le requieran” y “en general, cualquier acto en perjuicio potencial o evidente para los acreedores”.

La C√°mara Comercial a√Īadi√≥ que la juez Cirulli profundiz√≥ la medida teniendo en cuenta el pasivo posconcursal que “aun cuando se tomara como referencia aquel reconocido por la apelante de 118.363.388,68 pesos (la intervenci√≥n indic√≥ 191.997.055,52 pesos), se aprecia relevante, considerando la casi nula actividad que la deudora desplegara durante estos a√Īos”.

Las camaristas Matilde Ballerini y Mar√≠a G√≥mez Alonso dijeron que “a ese respecto no s√≥lo cabe cuestionar la existencia de que esas deudas que sin hesitaci√≥n agravan la situaci√≥n de la masa de acreedores, sino el hecho de que en esta instancia todav√≠a no pueda determinarse de modo claro su extensi√≥n, con la consiguiente imposibilidad de garantizar un adecuado control del Magistrado concursal”.

En tal sentido, para justificar la intervenci√≥n judicial, integrantes de la Sala B se√Īalaron que “resulta necesario controlar que estas situaciones no se sigan produciendo” y que el juez del concurso “pueda estar al tanto” de las operaciones de la empresa “que en el pasado no fueron canalizadas para lograr la pertinente autorizaci√≥n”.

Sobre las referencias efectuadas por la concursada respecto de que sus bienes habr√≠an sido “expoliados” por el Estado Nacional, el tribunal de segunda instancia remarc√≥ que “dichas cuestiones competen al Fuero Federal, donde son ventiladas”.

Justicia federal

La referencia es a la causa que tramita ante la justicia federal, en la que el fiscal de ese fuero, Pedro Zoni, luego desplazado, formuló imputación contra el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por un acuerdo de pago entre la concursada y el Estado Nacional, durante el anterior gobierno.

El acuerdo fue rechazado en coincidencia con el dictamen de Boquin, quien se opuso por considerar que implicaba una quita de casi el 99 por ciento de la deuda, mientras que en el fuero federal un representante del Ministerio P√ļblico lo consider√≥ “abusivo” y “ruinoso” para el Estado.

En concreto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) de la Procuración General de la Nación había estimado que extender el pago hasta 2033 (cuando finalizaría si se aceptaba la propuesta de la concursada), el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos.

Boquin, a quien la concursada le atribuye “falacias” en sus dict√°menes y a la que intent√≥ sin √©xito apartar del expediente, determin√≥ que el Correo Argentino se benefici√≥ con un estado de ‘eterno’ concurso -la causa se inici√≥ en 2001- para suspender por m√°s de 15 a√Īos el pago a sus acreedores, lo que implic√≥ “perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”.

A principios de mayo, la fiscal presentó un nuevo dictamen en el que puso el foco sobre la relación entre Correo Argentino SA y el banco austríaco Meinl Bank, entidad financiera a la que se quitó la licencia y es investigada por lavado de dinero, que aparece como acreedor en el proceso concursal, y remitió documentación a la Justicia penal.

El mismo día en que la Cámara Comercial ratificó la intervención judicial de la empresa concursada, Correo Argentino SA presentó varios escritos en los que cuestionaron otra vez a Boquin y pidieron que las actuaciones pasen al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que suele ser permeable a los intereses del expresidente Macri.

Además, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, se opuso a todos los pedidos de quiebras que se presentaron en el concurso, entre ellos los promovidos por titulares de créditos laborales.