El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó este martes último el convenio de intercambio de información fiscal propuesto por el gobierno nacional en el marco del llamado Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de sus redes sociales, en las que celebró que Salta y otras siete provincias -Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis y San Juan- se alinearon con el nuevo régimen tributario impulsado por Javier Milei.
El acuerdo, según Francos, “garantiza la puesta en marcha del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias”, y las provincias firmantes se comprometen a no establecer regímenes de información adicionales. En síntesis, las provincias optaron por renunciar a herramientas claves para fiscalizar consumos e ingresos en sus territorios, en nombre de una simplificación tributaria que favorece, sobre todo, a quienes tienen recursos no declarados.
“Seguimos consolidando una transformación profunda basada en una estructura impositiva más simple y eficiente”, afirmó Francos.
La decisión del gobernador salteño se dio tras semanas de presión de la Casa Rosada, que planteó la firma del convenio como condición para que las provincias sigan accediendo a datos fundamentales sobre facturación, consumo y movimientos patrimoniales. Como lo informó Salta/12, el gobierno nacional planteó una verdadera encrucijada a los gobernadores: adherir al plan o quedar ciegos ante los movimientos económicos más significativos de sus contribuyentes.
Un federalismo en letra chica
A la par que rubricaba en Casa de Gobierno el convenio que erosiona la capacidad de control de las provincias, el gobernador salteño también participó en la cumbre de gobernadores realizada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde se discutió -nuevamente– la necesidad de fortalecer los ingresos provinciales y recuperar los fondos federales que la Nación les retacea.
Tras finalizar el encuentro, Sáenz afirmó: “Desde Salta, volvemos a reafirmar nuestro compromiso con un modelo de desarrollo verdaderamente federal, que respete la autonomía de las provincias y garantice igualdad de oportunidades”. Sin embargo, la reforma fiscal del gobierno mileísta concentra aún más el poder en la órbita nacional, limita las potestades de control tributario provinciales, y beneficia a una porción minúscula de grandes ahorristas con capitales no bancarizados.
En el encuentro del CFI, los 22 gobernadores participantes pusieron sobre la mesa los problemas de financiamiento para obras estratégicas, la caída de la coparticipación y el vaciamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura. Con este panorama se acordó un pedido de audiencia al presidente Milei y la elaboración de estrategias conjuntas para recuperar los recursos que pertenecen a las jurisdicciones.
Blanqueo para pocos, control para nadie
El Plan de Reparación Histórica, presentado el 22 de mayo con épica libertaria como una cruzada contra el “Estado perseguidor y confiscador”, en realidad establece un blanqueo de capitales encubierto y desmantela buena parte del sistema de información que permitía cruzar datos entre organismos, detectar evasión y controlar consumos e ingresos personales.
Con el nuevo régimen, desaparecen los reportes obligatorios sobre consumos con tarjeta, pagos de expensas, transferencias de inmuebles y compraventa de autos. Los bancos ya no estarán obligados a pedir declaraciones juradas ni a informar movimientos menores a 50 millones de pesos. Se desmantela, además, el monitoreo patrimonial de los contribuyentes.
Mientras tanto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) concentrará toda la información a nivel nacional y distribuirá según su propio criterio. Pero solo a quienes hayan firmado el convenio, ya que para las provincias que no adhieran, el castigo será el aislamiento fiscal.
En los hechos, varios especialistas señalaron que lo que se presenta como “simplificación” es un sistema tributario diseñado para lavar dinero en silencio. Y beneficia principalmente a quienes tienen grandes sumas de dinero no declaradas, muchas veces fuera del sistema bancario o incluso en el extranjero, que ahora podrán reingresar sin penalidades ni preguntas incómodas.
La hipocresía, según Sáenz
En su gira por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Sáenz participó en distintos programas de televisión donde reclamó “un sinceramiento de la política”. Dijo que “la hipocresía tanto en la política como en la vida no sirve”. En ese sentido, apuntó nuevamente contra Cristina Fernández de Kirchner, sumando ahora a Mauricio Macri, por no haber resuelto los problemas estructurales del país. “Gobernaron y ¿tenían la posibilidad de hacerlo? sí, ¿lo hicieron? no”, cuestionó.
También aprovechó para defender algunas medidas del gobierno nacional, como la reforma migratoria y los cruces de datos que, según aseguró, permitieron detectar irregularidades en la frontera con Bolivia. “En Aguas Blancas, en una cuadra viven 600 familias”, aseguró. A criterio del gobernador, los problemas “no se resuelven echándonos la culpa, sino en una mesa buscando la solución”, “se resuelven dejando de hacer beneficencia a los extranjeros con los recursos del Estado. La plata que se ahorraría con todo eso podría solucionar muchos problemas de los discapacitados y de los jubilados”, dijo.
En sus declaraciones también volvió a poner sobre la mesa la cuestión de la coparticipación federal, al sostener que se debe discutir porque “es una deuda con la Constitución del 94, pendiente de hace más de 30 años y prevista en el Pacto de Mayo”. En ese sentido, señaló que el colectivo de gobernadores decidió un plan de acción conjunto en un año electoral, partiendo principalmente del pedido de audiencia al Presidente.
