Coimas de Odebrecht: el patrimonio de dos ex directivos de AySa bajo sospecha

La Justicia investiga el incremento patrimonial de Carlos Ben y Raúl Biancuzzo. Creen que estuvo relacionado con el cobro de sobornos.

Una investigación sobre el patrimonio de de los ex directivos de AySa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo complica su escenario judicial. Investigados por el juez Sebastián Casanello en la causas donde se analizan los presuntos sobreprecios en dos plantas potabilizadoras de Aysa, una de ellas en manos de Odebrecht,tienen un pedido de indagatoria que podría concretarse en breve. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) entregó al juzgado la documentación sobre los patrimonios de los dos ex funcionarios que tienen sus bienes inhibidos por el magistrado. Ben prácticamente triplicó sus bienes en cuatro años. A Biancuzzo lo señalan por empresas que habrían ganado obras en AySa. “Los números no cierran”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

En la reconstrucción de la ruta del pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios públicos, para tener la adjudicación de las plantas potabilizadoras de AySa, se pidió a la PIA que dirige el fiscal Sergio Rodríguez, una análisis patrimonial de Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, los dos principales directivos de AySa.

La principal sospecha es la de un presunto enriquecimiento ilícito producto del cobro de sobornos. Esto podría haberse viabilizado, en principio, “a través de los sobreprecios detectados en las dos obras”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

La planta Paraná de Las Palmas (Tigre) fue licitada por $ 1.838 millones, y la adjudicación a Odebrecht fue por $ 2.293 millones( un 24,74% más). La obra de Berazategui, se licitó por $ 324 millones en 2007, y la adjudicación a Esuco y Camargo Correa, fue por $ 481.764.394.

Ante estas cifras, el juez Casanello busca determinar si los sobrecostos están vinculados al pago de coimas que Odebrecht admitió pagar en el país, y si los pagos espurios incidieron en el patrimonio de los principales directivos de AySa, que cuentan con una inhibición de bienes al igual que sus grupos familiares.

Carlos Ben tuvo un fuerte incremento patrimonial en la función pública. En 2011 sus bienes ascendían a $ 5.165.079 con poca tenencia de divisas y siete inmuebles que llegaban a $ 900.000. Al año siguiente, incorporó a su patrimonio casi un millón de pesos.

Para 2013 los números habían mejorado sustancialmente. Declaró bienes por $ 8.115.312. Sólo en la moneda estadounidense tenía en efectivo 1.503.592. El período fiscal siguiente fue aún superior: su patrimonio llegó a $ 10.448.589 y la tenencia de divisas a 1.960.632.

En constante ascenso, sus bienes volvieron a incrementarse. En 2015 tenía más de tres millones de dólares en efectivo y euros por 534.590. El patrimonio era de $ 13.756.254. Se quedó con tres propiedades por $ 723.919.

En cuatro años Carlos Ben, investigado por la justicia incrementó en un 34% sus bienes. Tiene además con su familia una empresa dedicada al rubro inmobiliario, Cirfran SA con un valor de $ 3.556.547.

Tal como contó Clarín, Ben tiene una empresa off shore radicada en Panamá, llamada Embry Investment SA (compañía Nª 773158), y en ella figura como directora y presidente María Cristina Cafolla, esposa de Ben, y sus dos hijas, cada con dos cargos: secretaria y directora Soledad Ben y tesorera y directora Vanesa Ben.

El juez Casanello pidió que se investigue considerando que Odebrecht es investigada por utilizar una red de firmas en paraísos fiscales para realizar el pago de sobornos.

En el caso de Raúl Biancuzzo, aún no se contabilizó su patrimonio, sin embargo los números preliminares arrojan varias incongruencias, “los números no le cierran”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Cuenta con cuatro empresas vinculadas la mayoría al rubro de la construcción: Mako Sacifiac (que habría ganados contratos en AySa para obras complementarias), Fiscalgis, Yraola SA y se le atribuye Enacsat que también habría sido adjudicataria de obras por parte de AySa.

Su hijo Ariel Biancuzzo es señalado por, “un intercambio de e-mails con los representantes de Odebretch en los que se consigna el presunto pago de retornos (identificado con la denominación “DGI” o “Dgi”, que (según constató el fiscal Federico Delgado) era una forma solapada de decir “coima”, señaló el juez cuando inhibió sus bienes.