Bolivia: El MAS de Evo llama a sesión el martes para poner fecha a las elecciones

Lo anunció ayer luego de agravarse la crisis con 9 muertos en Cochabamba. El MAS es la fuerza parlamentaria mayoritaria. No hubo comentarios del gobierno interino.

En medio de la convulsión política que vive el país, los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, convocaron para el martes próximo a una Asamblea Legislativa con el fin de iniciar el proceso para convocar a nuevas elecciones. Esto ocurre mientras crece la polémica sobre las 9 muertes que dejó la represión de la marcha cocalera en Cochabamba.

Los presidentes de las cámaras de senadores, Eva Copa, y de diputados, Sergio Choque, ambos del MAS, “Tenemos toda la voluntad política de poder encarar una nueva elección. Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas elecciones”, anunció Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores. Y agregó que es “lo que el pueblo boliviano está esperando, convocar a nuevas elecciones nacionales”.

Sin embargo, el gobierno provisorio aún no se pronunció sobre el tema, y hay que tener en cuenta que desconoce la autoridad de MAS en ambas cámaras. Lo que puede augurar una solución positiva es el hecho de que ayer se reunió con la presidenta interina, Jeanne Añez, el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, en el marco del trabajo de la organización para pacificar el país y convocar a nuevas elecciones.

Las negociaciones son muy frágiles ya que hay algunas divisiones en el MAS. Un sector quiere evitar mayores problemas y abrir el camino a una salida electoral, mientras que otro es más duro y reclama el regreso de Evo.

 

Justamente uno de los puntos más conflictivos en las negociaciones era la posible participación de Morales en los comicios. Pero ayer, en diálogo con la CNN, Morales dijo: “Me siento ex presidente después de presentar mi renuncia. He cumplido con mi gestión, he cumplido con mi tarea”. Para los analistas, la frase puede implicar un paso al costado.

Mientras las discusiones en las cúpulas comienzan a intensificarse, la población sigue convulsionada por el trágico episodio del viernes en Cochabamba, que profundiza más la división en Bolivia, y acrecienta las diferencias.

Las autoridades interinas buscaron atenuar las críticas apuntando a supuestos infiltrados que intentaban sembrar el caos y provocar disturbios, pero es indudable que los muertos y los heridos son todos campesinos que recibieron balas de plomo como las que utiliza el Ejército y la policía militarizada.

“Tenemos nueve hermanos fallecidos, y hay dos que están en condición grave”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox. Los heridos suman 115 y se hallan internados en los hospitales zonales.

Los enfrentamientos se produjeron en el puente Huayllani, en las afuera de la ciudad de Sacaba, donde las fuerzas de seguridad habían montado un enorme operativo para evitar que ingresaran a la ciudad de Cochabamba, como pretendían. Entre ambas ciudades hay una distancia de 13 km.

El Sacabe es la capital de la zona del Chapare, un lugar de sembradíos de coca que fue bastión de Evo. En cambio en la ciudad de Cochabamba la población es mayoritariamente opositora al ex mandatario. La intención de la policía era evitar que llegaran al centro de la ciudad para evitar choques con los vecinos.

El comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, sostuvo que a los manifestantes les incautaron armas de fuego, bazucas artesanales y explosivos.

Esto fue negado por los manifestantes. “No ha existido un enfrentamiento, ha sido una arremetida de fuerzas policiales y militares en contra de la población civil. Se han incumplido los protocolos y estándares de seguridad”, afirmó Cox.

Un equipo de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses está investigando las causas de las muertes, mientras los cuerpos comenzaron a llegar este sábado a la ciudad de Cochabamba entre gritos de justicia por parte de familiares y amigos.

La versión oficial es bastante enredada. Tanto el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, como el de la Presidencia, Jerjes Justiniano, sostienen que hubo “infiltrados” que llevaron a este desenlace, aunque sin dar precisiones.

Se basan en que hay varios casos de disparos a quemarropa y desde atrás. Justiniano reconoce que se utilizó “armamento militar”, pero utiliza el siguiente argumento: “Uno de los fallecidos presenta una herida de muerte realmente singular. El proyectil ingresa por la parte de atrás de la nuca y de arriba hacia abajo, entonces eso quiere decir que no provino de un enfrentamiento cruzado, sino que provino de atrás de su propia fuerza”.

Murillo, en tanto, reafirma esa conjetura. “Tenemos reportes de que tres de los fallecidos tienen disparos en la nuca. Aquí hay una mente macabra que está detrás”, sostuvo, aunque aclaró que ha pedido a la Fiscalía una investigación “transparente” y que no descansará “hasta darle total tranquilidad a la población”.

La polémica sobre la actuación policial se acentuó al conocerse que la presidenta interina, Jeanine Añez, firmó un decreto el viernes pasado que exime de “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad en caso de verse en la necesidad de responder a agresiones, lo que les daría carta blanca para reprimir.

“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”, señala el artículo 3.

Frente a la conmoción que causó esta matanza, el gobierno interino y Morales cruzaron acusaciones. Áñez denunció que Evo está promoviendo las violentas manifestaciones, “está convulsionando al país desde México”, mientras el ex presidente replicó que Añez encabeza un “régimen golpista que tomó el poder por asalto” y que “reprime con balas de las Fuerzas Armadas y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho”.