VENEZUELA. La Haya investiga represiones en Caracas

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya abrió una investigación preliminar sobre Venezuela por la “fuerza excesiva” de la Policía para “dispersar y reprimir manifestaciones”.

 

También tratará de esclarecer presuntos “graves abusos” contra detenidos, informó este jueves la institución a través de comunicado, que mereció una dura réplica desde Caracas.

 

Las evaluaciones del organismo internacional analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en Venezuela a partir de ese mes, cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. La espiral de violencia, básicamente por protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se toparon con duras represiones y enfrentamientos, desde abril a julio de 2017, dejó un saldo de 124 fallecidos, más de mil heridos y numerosos detenidos.

 

Según el comunicado de la Fiscalía de la CPI, se investigará la “fuerza excesiva” utilizada por fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de “miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”, algunos de los cuales “habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos”. También reconoce que, en esas protestas, “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, lo que provocó “lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”. Y aclaró que una investigación preliminar no es una investigación de pleno, sino un “proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.

 

Tras conocerse esa decisión, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, criticó la apertura de un examen preliminar.

 

El funcionario habló en rueda de prensa de “información sesgada” por parte del organismo internacional y objetó que nadie se comunicó con el ministerio público “para solicitar informes de los casos a los que hace referencia”.

 

Empero, Saab consideró que Luisa Ortega Díaz, otrora titular del cargo que él ocupa desde agosto de 2017, tiene responsabilidad en los hechos violentos registrados en protestas que se extendieron a distintos estados de Venezuela.

 

“El anterior (funcionario, NDR) no judicializó casos, no atendió a las víctimas, que no hizo ningún tipo de pronunciamientos para evitar la violencia, incluso de funcionarios policías y de civiles armados”, argumentó.

 

“Fíjense que la propia fiscal de la Corte Penal Internacional ha tenido que reconocer que actuaron civiles armados que llegaron a matar a policías”, expresó luego.

 

Además, dijo que durante las manifestaciones hubo una “expresa prohibición” del uso de armas de fuego para dispersar a las personas que protestaban.