ROBO A PROSEGUR. Aseguran que hay una transnacionalización del crimen

Un grupo comando de al menos 30 personas personas asaltó la sede de la empresa de transporte de caudales Prosegur en la ciudad paraguaya de Ciudad del Este para robar unos 40 millones de dólares depositados en una bóveda, a la que accedieron tras utilizar explosivos y fusiles antiaéreos.

Benjamín Bogado, periodista de Paraguay dialogó con la AM990 sobre esta situación que vuelve a poner en tensión a toda la región. Responsabilizó al Gobierno de Cartes por no colaborar en la lucha contra el crimen.
“Hasta ahora no hubo una respuesta para los paraguayos que fuimos duramente sacudidos por lo acontecido en Ciudad del Este”, dijo. Y añadió que: “hay que recordar que Paraguay no tiene ministro del Interior ni Comandante de la Policía nacional, ya que fueron cesados”.
Según Bogado, han pasado cuatro semanas de los lamentables hechos que se suscitaron en el Congreso y que desembocaron en la muerte de un militante y aún “no se han nombrado a dos de las figuras más importantes para combatir la inseguridad”.
Además, dijo a la AM990 que la situación política empeoró ayer por la tarde cuando el Lezcano, viceministro de Seguridad paraguayo reveló que tenían desde febrero” la información de que este golpe se daría.
“Por lo que se ve, la inteligencia policial ni los organismos de seguridad actuaron para evitar este golpe comando que no se vio jamás”, especificó el periodista.
Ciudad del Este, capital del departamento Alto Paraná, se ubica a unos 350 kilómetros de Asunción en la zona denominada Triple Frontera, limítrofe con Brasil y Argentina.
Bogado destacó que “vivimos una transnacionalización del crimen, la extensión de un problema que tiene Brasil, Argentina y que tendrá que ser enfrentado de manera conjunta”.
Además, argumentó que “Paraguay tiene una pésima policía” diciendo que “no ha sido preparada y que está muy unida a ciertos poderes de la política local que están relacionados al crimen”.
Del presupuesto de la policial del país vecino, el 90% está destinado a salarios. Un 8% a cuestiones referidas a combustibles y sólo el 2% a insumos para enfrentamientos contra la criminalidad.