OPERACIÓN “QUIRÚRGICA”. México activa plan anticrimen

El gobierno mexicano vuelve a la carga para lanzar una nueva ofensiva contra el crimen, más afinada y precisa que la de 2006, en las ciudades más violentas del país, mediante el despliegue de unos 5.000 efectivos.

 

Se trata de una operación “quirúrgica”, bien focalizada y dirigida a combatir a los grupos y lugares específicos donde se generan la mayor cantidad de delitos, de acuerdo con las autoridades.

 

Pero la diferencia más importante es que, en contraste con lo ocurrido hace 11 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su fallida operación anticrimen, ahora no participan ni el ejército y ni la marina, cuyo rol ha sido cuestionado enfáticamente por organizaciones humanitarias.

 

La omisión de las Fuerzas Armadas aparece como un aspecto clave, justo cuando la Corte Suprema somete a revisión recursos de inconstitucionalidad contra una reciente Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso.

 

La legislación es calificada por expertos y activistas como un detonante de “la militarización del país” y como un “seguro de impunidad” para personal castrense que cometió abusos.

 

La llamada “guerra de Calderón”, que su sucesor Enrique Peña Nieto se vio obligado a continuar, fue calificada como un “fracaso total” por los especialistas en seguridad y por dirigentes de la oposición política.

 

Más de 235.000 muertos, unos 33.000 desaparecidos y unos 200.000 desplazados, es el resultado de estos 11 años sangrientos, según cifras oficiales. El gobierno reformuló su esquema de seguridad después de que 2017 fue proclamado como el “año más violento” desde que se tienen registros estadísticos sobre los homicidios intencionales.

 

La medida ocurre justo a un año de que concluya la gestión de Peña Nieto, que prometió en su campaña poner fin a esta espiral sangrienta.

 

La cruzada anticrimen está ahora concentrada en seis ciudades del país, entre ellas los dos más importantes centros de veraneo del país, que han sufrido una de sus peores etapas de violencia de los tiempos recientes.

 

Se trata de Los Cabos, al noroeste, cerca de la frontera con Estados Unidos, y Cancún, en el sureste, en los límites con Belice.

 

También abarca a Chilpancingo, estado de Guerrero y próximamente al puerto de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, ambos al sur.

 

El Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales anunció que se prevé cumplir las 22.000 órdenes de captura federales pendientes en estas urbes.

 

En el caso de Los Cabos y Cancún, donde la violencia ha generado una estampida del turismo extranjero y amenaza con alejarlo para siempre -como ocurre con el legendario Acapulco-, fueron desplegados agentes de la División de Gendarmería.