DERECHOS HUMANOS. Domato podría ser condenado a 49 años de cárcel

El abogado representante de querellantes Williams Dardo Caraballo confirmó que todavía se espera juzgar a la pata civil de la última dictadura.

El representante de víctimas del terrorismo de Estado señaló que “ingresamos en la etapa de los alegatos con acceso irrestricto para los medios de prensa todo el desarrollo hasta inclusive que va a darse a principios de diciembre”.

 

Remarcó que “el viernes 18, cerrara los alegatos el doctor Pedro Velázquez Ibarra y en principio estamos convencidos que vamos a asistir a una pena de más de 49 años” y destacó que “no se nota arrepentimiento de los hechos cometidos por (Horacio) Domato y que se comprobaron en el desarrollo de la causa”.

 

PARTE CIVIL. Caraballo señaló que “hasta hora en estos juicios está ausente la parte civil, ya que hasta aquí no hubo empresarios que entregaron a delegados sindicales, entre otros. Aquí hubo jueces que fueron cómplices de la dictadura militar, ya que primero juraron por los estatutos militares relegando la Constitución Nacional, y un ejemplo aquí en la provincia es el doctor Ramón Ulises Córdoba quien declino integrar el Superior Tribunal de Justicia”.

 

Explicó que “por otro lado, Alfredo Bernardo Montoya, quien fue presidente del la UCR, Diputado Provincial y Convencional, además de Juan Fernández Bedoya, Sergio Martínez, Jorge Vazquez Rey, fueron ministros y en el año 2007 se hace una denuncia imputándole a ellos su participación en esta asociación y el conocimiento pleno que tenían de las privaciones ilegitimas de la libertad las personas detenidas”.

 

Relató que “estas personas mediante Acordadas secretas y Resoluciones Reservadas decidían que aquellas personas  que estaban siendo privadas de su libertad eran cesantes por inasistencia al trabajo y a las personas desaparecidas, cinco en el caso del Poder Judicial, le aplicaban la figura del abandono de trabajo y queremos que vengan a explicar por qué actuaron de esta manera haciéndole extensiva la figura de asociación ilícita”.

 

Por último, Caraballlo denunció que “hasta aquí todavía primo el espíritu corporativo. Y los fiscales hasta la fecha no intervinieron y nadie se quiso hacer cargo de esta causa hasta el momento. Ahora se había designado una fiscal ad hoc pero hasta la fecha no hizo nada, hace una año y la recusamos, ahora la Procuradora General designo al Fiscal General para que investigue”.